COBRO ELECTRÓNICO DE TIMBRES FISCALES COMO ÚNICO MEDIO PARA LA RECAUDACIÓN DE ESTE TRIBUTO.

 

Decreto Ejecutivo No. 39529-H del 13 de enero del 2016

 

Publicado en La Gaceta No. 90 del 11 de mayo del 2016

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

 

De conformidad con las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y artículo 146 de la Constitución Política; 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2, acápite b) de la Ley número 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, el artículo 1 del Código Fiscal, Ley número 8 del 31 de octubre de 1885, artículo 1 de la Ley que Autoriza Máquinas Franqueadoras en Cobro de Impuestos, Tasas y Servicios, número 4496 del 10 de diciembre de 1969 y Ley número 3807 Ley de Emisión de Especies Fiscales a Cargo Exclusivo del Banco Central de Costa Rica, del 23 de noviembre de 1966.

 

Considerando:

 

1.- Que mediante el artículo 1º del Código Fiscal, Ley Nº 8, se crea el timbre fiscal y se faculta al Ministerio de Hacienda mediante decreto al uso de máquinas Franqueadoras o el cambio de sistema del cobro de dichos tributos, así modificado por la Ley 4496 del 10 de diciembre de 1969.

 

2.- Que el artículo 574 del Código Fiscal y el artículo 6° de la Ley 5790 del 22 de agosto de 1975, Ley de Expendio de Timbres, consideran el otorgar un descuento de un 6% a los compradores de timbres fiscales, en razón de la necesidad de mantener y disponer las especies físicas a disposición de los usuarios.

 

3.- Que los artículos 1 y 2 de la Ley número 3807 definen quien será el único autorizado para emitir timbres fiscales y que el producto de estos se depositarán a favor del Gobierno.

 

4.- Que mediante Decreto 37054-H del 24 de febrero del 2012 se autoriza al Banco Central de Costa Rica para que establezca el cobro del timbre fiscal por sistemas digitales, que inmaterializan los timbres o estampillas.

 

5.- Que la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 185 establece que la Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.

 

6.- Que la Ley Nº 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos establece en su artículo 10 que los entes y órganos del sector público definirán los medios de pago que podrán utilizarse en procura de la mayor conveniencia para las finanzas públicas. Atendiendo los principios de eficiencia y seguridad, podrán establecer que para determinados pagos se utilice un medio único e implementar los mecanismos y las condiciones para captar y recibir los recursos. A la vez, los obligados tendrán el derecho de que el cajero general o el cajero auxiliar reciba el pago con la sola condición de que, en el comprobante utilizado, quede constancia de la información requerida para identificar tanto la causa de la obligación como al obligado.

 

7.- Que ante la necesidad de simplificar el trámite al usuario sin desproteger la seguridad jurídica y el deber de realizar el pago respectivo por parte del administrado, la Dirección General de Tributación y la Tesorería Nacional han ideado mecanismos alternativos de pago que garanticen de una forma eficiente y eficaz el pago sin el uso de especies físicas, verbigracia mediante Enteros de Gobierno.

 

8.- Que debido a que en la actualidad el Banco Central de Costa Rica emite como mínimo timbres de cinco colones (¢5.00), situación que se encuentra asociada a la política de emisión de moneda costarricense (la menor denominación actualmente en circulación es cinco colones ¢5.00), el administrado se ha encontrado con que debe pagar más de lo que el Código establece cuando las tarifas son de cuantías ínfimas.

 

9.- Que el costo de emisión del timbre es de ¢2,67 en promedio, la comisión que se paga por la custodia, traslado y expendio es el 2% de recaudación (¢0,10 diez céntimos) y el descuento del 6% al usuario, da como resultado un ingreso neto para el Estado de menos de dos colones (¢1,93).

 

10.- Que está demostrado que el costo de atender un usuario en ventanilla bancaria es de ¢1.800,00 (mil ochocientos colones aproximadamente), por lo que no resulta rentable expender timbres en ventanillas, dando la oportunidad a un mercado informal, en donde se le cobra al usuario hasta cinco veces más por un timbre que requiere para hacer su trámite.

 

11.- Que se hace necesario destacar que la recaudación del timbre fiscal representa un promedio de ¢5.000 millones anuales de recaudación, de los cuales un 85% se recauda a nivel bancario por medio de enteros, principalmente en los trámites en Registro Nacional; quedando únicamente 15% recaudado por medio de especie física para trámites menores, con lo cual el beneficio sería hacia el usuario si se habilitan nuevos canales para el pago de estos timbres por medios digitales o bien la dispensa de los mismos, sin impacto a las finanzas públicas.

 

12.- Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220 del 4 de marzo de 2002, publicada en el Alcance 22 a La Gaceta número 49 del 11 de marzo de 2002, busca que los nuevos requerimientos o modificaciones que se hagan a los establecidos no generen mayores trámites o excesos al usuario, principio que se respeta en la unificación de los medios de pago que se proponen y que se publicitaran conforme al artículo 4° y siguientes de esta ley.

 

13.- Que el artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dispone que los proyectos de reglamentación de las leyes tributarias deberán hacerse del conocimiento general de los contribuyentes, salvo cuando se opongan a ello razones calificadas de interés público o de urgencia, debidamente consignadas en el proyecto de disposición general. No obstante, en el presente caso por tratarse de la unificación de normas en un solo cuerpo legal y para no causar perjuicio a los interesados y tomando en cuenta que no se establecen procedimientos distintos a los ya regulados en el ordenamiento jurídico vigente, se prescinde del trámite de consulta pública. Por tanto,

 

Decretan:

 

 

Artículo 1.-

 

Consolídese el cobro electrónico de Timbres Fiscales como único medio para la recaudación de este tributo.

 

Artículo 2.-

 

El Ministerio de Hacienda formalizará con los bancos recaudadores de impuestos un mecanismo electrónico que permita el cobro de dichos tributos de forma simple y unificada, que sea aceptable y comprensible para todas las instancias que están obligadas a exigir el pago de Timbres Fiscales en sus trámites.

 

Artículo 3.-

 

El pago del Timbre Fiscal será por su valor establecido por cada ley para el trámite respectivo, a partir de la publicación del presente decreto.

 

Artículo 4.-

 

Rige a partir de su publicación.

 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de enero de dos mil dieciséis.

 

Publíquese.

 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.- El Ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas.- 1 vez.- O. C. N° 1630.- Solicitud N° 1247.- (D39529 - IN2016022402 ).

 

Disposiciones Transitorias

 

Transitorio I.-

 

El Banco Central de Costa Rica mantendrá la venta física del Timbre Fiscal hasta el 31 de diciembre del 2016 o en su defecto hasta agotar las existencias de especies físicas, lo que ocurra primero, con el entendido de que no se van a elaborar más Timbres Físicos.

 

Transitorio II.-

 

El tenedor de especies físicas podrá solicitar su reembolso conforme los procedimientos establecidos por la Dirección General de Tributación, en un plazo máximo de cuatro años contados a partir de la publicación del presente decreto.

 

Transitorio III.-

 

Instrúyase a la Dirección General de Hacienda a que realice en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación de este decreto, a que realice una actualización de las cuantías de las obligaciones a cancelar por medio de timbres fiscales de conformidad con el Código Fiscal y sus reformas, para que sean incluidas en el proyecto de la ley de presupuesto del año 2017.

 

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